La población propone al ente foral abrir sin coste el tramo de la AP-68 entre Areta y Altube
La junta administrativa de Baranbio, en el municipio de Amurrio, ha vuelto a salir a la palestra para exigir a la Diputación Foral de Álava medidas urgentes para atajar el continuo desfile de vehículos pesados por la vía principal de la localidad, una carretera que consideran un auténtico peligro para la seguridad ciudadana.
Para solucionar este problema, el vecindario plantea una alternativa concreta, consistente en erradicar totalmente la circulación de camiones tanto por el pueblo como por el trayecto alavés de la A-2522 (entre Orozko y Ziorraga), pidiendo un paso similar a la Diputación de Bizkaia. Como compensación, proponen abrir sin coste el tramo de la AP-68 entre Areta y Altube, ampliando la gratuidad que actualmente solo opera desde la localidad de Ziorraga, en el municipio de Zuia.
Esta reivindicación no es nueva. De hecho, suma ya dos largas décadas a sus espaldas, pero la situación empeoró notablemente a principios de 2023. La implantación de peajes para el transporte pesado en Bizkaia provocó un “efecto huida” hacia la A-2522, “convertida en un atajo gratuito con el que las empresas logísticas llegan a ahorrar unos 800 euros mensuales por camión”, han manifestado.
Situación crítica diaria
El paso de estos grandes vehículos genera situaciones críticas a diario en el centro de este pueblo. Y es que el trazado, de seis kilómetros, destaca por ser angosto, repleto de curvas cerradas y rasantes sin visibilidad; y, en el tramo urbano, de apenas un kilómetro, la convivencia es insostenible. “Las viviendas sufren vibraciones continuas en ventanas y estructuras al paso de la carga pesada; los peatones asumen riesgos constantes al realizar acciones cotidianas como cruzar para depositar la basura; y el exceso de velocidad es habitual, pese a existir semáforos y un par de resaltos”, han enumerado.
La indignación de los residentes no se queda ahí, sino que aumenta ante la negativa de las instituciones a permitirles instalar soluciones paliativas. El departamento foral de Carreteras ha rechazado la colocación de radares fijos y la creación de aceras.
De hecho, la localidad tuvo que desestimar un proyecto del Plan Foral cifrado en medio millón de euros, que ya contaba con la autorización eclesiástica para adaptar la torre de la iglesia, debido al bloqueo institucional.
A esta parálisis se suma la imposibilidad de reformar los caseríos y tejados adyacentes a la calzada por trabas administrativas. Ante la propuesta institucional de construir una variante, la población responde con rotundidad: la orografía local no ofrece margen para nuevas infraestructuras y la verdadera alternativa es liberar la autopista que llevan medio siglo financiando.
