Vitoria no aplicará el Estudio de Impacto de la Impresión
El Ayuntamiento de Vitoria ha decidido no implementar el Estudio de Impacto de la Impresión (APR), tal como estaba previsto en la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), para el 15 de septiembre. Esta medida habría reducido aún más el tráfico.
Esta decisión se ha tomado a raíz de un informe elaborado por los servicios de tráfico, que considera que la medida no es necesaria para alcanzar los objetivos medioambientales y de tráfico, y que generaría una gran complejidad técnica, administrativa y social.
Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público y Barrios, ha señalado que la decisión es el resultado de un proceso de análisis que se ha prolongado durante los últimos meses. ‘La implementación del APR siempre ha estado en duda’, ha afirmado, y su establecimiento supondría añadir una nueva normativa, cuando la ZBE tiene una duración muy limitada.
El Ayuntamiento ha mantenido numerosas reuniones con EH Bildu y con comerciantes, hosteleros y asociaciones profesionales, y tras considerar las sugerencias y dudas recibidas, se ha solicitado un informe específico para evaluar si la implementación de la medida es adecuada o no.
El informe analiza la implementación del APR desde diversas perspectivas. En primer lugar, el APR regularía el mismo ámbito que la ZBE, y ambos regímenes tendrían que convivir con criterios diferentes en cuanto a permisos y excepciones. Esta duplicidad incrementaría la carga administrativa y dificultaría la comprensión por parte de los ciudadanos.
Además, el informe destaca la complejidad de adaptar los sistemas de control y gestión requeridos por la ZBE, ya que la inclusión de un segundo régimen aumentaría considerablemente los casos y permisos a gestionar.
La experiencia obtenida en el primer año de la ZBE indica que la población ha tenido una gran necesidad de información para entender el sistema de manera estable.
Uno de los ejes del informe es la efectividad de la medida. Los técnicos consideran que el APR aportaría una mejora limitada a los vecinos, ya que el tráfico ha disminuido como resultado de las acciones realizadas en Las Herrán, Portal del Rey y Nueva Fuera, así como por la propia implantación de la ZBE.
El informe también recoge las sugerencias de comerciantes, hosteleros y asociaciones profesionales, que indican que el APR dificultaría la actividad económica y supondría más dificultades para acceder a los mejores servicios.
Por lo tanto, el informe concluye que la implementación del APR no justifica las limitaciones y los costos administrativos que conllevaría.
